En los últimos meses, ha salido a la luz una controvertida transacción inmobiliaria que involucra al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. Se ha revelado que en 2014 adquirió un terreno costero de aproximadamente 305,000 metros cuadrados en la exclusiva zona de Champotón, Campeche, por la irrisoria suma de 100,000 pesos, lo que equivale a 33 centavos por metro cuadrado. Actualmente, el valor comercial de esta propiedad se estima en alrededor de 450 millones de pesos, con precios por metro cuadrado que oscilan entre 1,250 y 1,500 pesos.
La propiedad, conocida popularmente como “Playa Alito”, se encuentra en la zona de Playa Esmeralda, adyacente a un exclusivo complejo turístico. Esta área ha sido objeto de interés para desarrolladores desde hace más de una década, con proyectos de gran escala que incluyen hoteles de lujo, campos de golf y una marina privada. La cercanía de esta playa a estos desarrollos ha incrementado su valor, lo que hace aún más sospechoso el bajo precio al que fue adquirida por Moreno.
La transacción ha generado sospechas debido al evidente desfase entre el precio pagado y el valor real del terreno. Además, en 2016, ya como gobernador de Campeche, Moreno obtuvo una concesión de la Semarnat para el uso de 10,000 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre, permitiéndole instalar palapas y otras estructuras por un período de 15 años. Esta autorización ha sido señalada como un posible acto de tráfico de influencias.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha denunciado públicamente estas irregularidades, señalando que Moreno declaró un valor catastral del predio de apenas 1,679 pesos, lo que le ha permitido pagar impuestos significativamente bajos. Además, se ha informado que Moreno donó el terreno a su madre, lo que ha sido interpretado como una maniobra para evitar cualquier acción legal en su contra.
Este escándalo ha suscitado llamados a una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias de la adquisición y las posibles implicaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito. La sociedad exige transparencia y rendición de cuentas en un caso que pone en entredicho la integridad de figuras públicas y la gestión de los recursos naturales en México.
