En los últimos meses, ha salido a la luz un escándalo que involucra a Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, por la supuesta compra de una extensa propiedad costera en Champotón, Campeche. Según reportes, en 2014 adquirió un terreno de 305,000 metros cuadrados a un precio irrisorio de 100,000 pesos, lo que equivale a aproximadamente 33 centavos por metro cuadrado. Actualmente, el valor de esta propiedad se estima en más de 450 millones de pesos, generando fuertes cuestionamientos sobre la legalidad de la operación.
El escándalo se intensificó cuando se reveló que, tras asumir la gubernatura de Campeche en 2015, Moreno obtuvo una concesión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el uso de una zona federal de 10,000 metros cuadrados, permitiéndole instalar palapas y estructuras recreativas en la playa. Este hecho desató críticas sobre el uso de influencias para obtener beneficios exclusivos en un espacio que, por ley, debería ser de acceso libre.
Ante las acusaciones, autoridades ambientales han señalado que la concesión no implica propiedad privada de la playa, ya que todas las playas en México son bienes de uso común. Sin embargo, la existencia de una concesión exclusiva ha avivado la indignación, pues muchos consideran que, en la práctica, Moreno ha privatizado una de las zonas más valiosas de la costa campechana.
El líder priista ha rechazado las acusaciones, calificándolas como una “campaña de calumnias y difamaciones” en su contra. Asegura que todo se trata de un intento por desacreditar su postura en el debate sobre la reforma al Poder Judicial y ha denunciado una persecución política.
Este caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en la adquisición de terrenos costeros por parte de funcionarios públicos y el derecho de los ciudadanos a acceder libremente a las playas mexicanas. Mientras las investigaciones continúan, la pregunta sigue en el aire: ¿es este un nuevo caso de corrupción o simplemente un aprovechamiento legal de lagunas en la ley?